viernes, 19 de abril de 2013

Ecuador presentó innovadoras propuestas para combatir impactos ambientales

Durante la reunión de 21 Jefes Negociadores de Cambio Climático del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) que sesiona hasta hoy en Guayaquil, Ecuador presentó innovadoras propuestas para combatir impactos ambientales. Las propuestas Yasuní ITT, para dejar bajo suelo amazónico millonarias reservas de petróleo a cambio de corresponsabilidad internacional, Emisiones Netas Evitadas y el impuesto Daly-Correa, para gravar las exportaciones de petróleo, son tres de ellas, segun ha informado Prensa Latina.
Los 21 expertos de la región analizan en este encuentro los Resultados de la XVIII Conferencia de los Estados Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en el 2012.
El encuentro, impulsado por los ministerios ecuatorianos de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, de Medio Ambiente y Patrimonio y apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, busca identifican posiciones conjuntas.
El cambio climático es considerado la principal amenaza del siglo XXI y una de las principales regiones amenazadas es la de América Latina y El Caribe.
"Este problema se origina por la contaminación de los países ricos, pero los impactos se ven reflejados en los países pobres y en desarrollo" señaló Daniel Ortega, coordinador general de Derechos y Garantías de la Cancillería Ecuatoriana.
"El cambio climático puede costar cerca del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de toda la riqueza que genera el país de aquí hasta el año 2100", precisó.
En países con crecimiento acelerado como la región latinoamericana que oscila entre el seis y el ocho por ciento, el uno por ciento equivale casi a lo mismo que estamos invirtiendo en ciencia y tecnología o al presupuesto de los Ministerios de Ambiente de la región, acotó.
"Son impactos directos principalmente sobre poblaciones vulnerables y puede frenar esfuerzos para erradicar la pobreza", concluyó.
Para la jornada de este viernes, se prevé una reunión privada entre negociadores y organizaciones de la sociedad civil, como actividad previa al Día Mundial de la Tierra, que se celebra este 22 de abril.

La Iniciativa Yasuní-ITT es un proyecto oficial del gobierno de Ecuador, desde 2007 durante el mandato de Rafael Correa, que condiciona el mantenimiento de la zona intangible decretada en 1998 por el gobierno de Jamil Mahuad en un sector del Parque Nacional Yasuní ubicado entre los cuadrantes de exploración petrolera Ishpingo, Tiputini y Tambococha. La zona intangible fue decretada en el gobierno de Mahuad con el propósito de no interferir en los territorios de los grupos aborígenes no contactados en la Amazonía de Ecuador y mantener la reserva de la biósfera alejada de la explotación petrolera que se realiza en varias zonas de la selva amazónica ecuatoriana. Durante el gobierno de Correa se propuso condicionar una parte de la zona intangible amazónica con un mecanismo de compensación por el ingreso no percibido al no explotar los recursos petroleros y la contribución de mantener el crudo bajo tierra al mercado de carbono. Esta compensación sería realizada por la comunidad internacional al estado ecuatoriano bajo los criterios de la economía ecológica, la economía ambiental y la economía de recursos naturales.
Según la Iniciativa Yasuní ITT el estado ecuatoriano se deberá comprometer a dejar bajo tierra, de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo en la reserva ecológica del Yasuní, para evitar la emisión a la atmósfera, de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono - que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles - a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional por una fracción del valor estimado por el 50% de las utilidades que percibiría si se diera la explotación de este recurso (unos 350 millones de dólares anuales). Los fondos captados por esta operación se reinvertirían en el Ecuador en tres líneas: Manejo de 19 áreas protegidas, un programa de reforestación nacional y el cambio de matriz energética. Sobre los porcentajes dedicados a cada uno de estos fondos no hay consenso. Estos fondos serían manejados por un fideicomiso, sobre cuya integración, existen discrepancias entre los posibles aportantes y el gobierno ecuatoriano.

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